*Jaime Bonilla, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), será Gobernador de Baja California por dos años y nada más.
Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).– Jaime Bonilla, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), será Gobernador de Baja California por dos años y nada más. Así como fue electo. No tendrá el tan anhelado mandato de cinco años que le había regalado el Congreso local anterior, con el voto de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN).
Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró esta tarde como inconstitucional la llamada “Ley Bonilla”, luego de aprobar el proyecto de José Fernando Franco González Salas, Ministro de la Segunda Sala.
“En esos términos queda aprobado el proyecto. De manera unánime este pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inválida la reforma impugnada”, dijo Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro presidente del máximo tribunal del país.
Minutos antes de las 14:00 horas se realizó la votación durante una una sesión por videoconferencia, donde los ministros fueron exponiendo sus posturas respecto a la posible ampliación del mandato de Bonilla Valdez.
“Todas estas violaciones son muy graves y cada una de ellas, por sí misma, sería suficiente para declarar la invalidez de la reforma impugnada, pero apreciadas en su conjunto e interrelacionoadas, ponen de manifiesto un verdadero fraude a la Constitución, un efecto corruptor de rango constitucional: se llevó a cabo toda una maquinación, a través de la cual se pretendió burlar la voluntad popular, usando la Constitución para violar la Constitución, usando las herramientas de la democracia para violar democracia, corrompiendo de manera tajante el principio democrático”, consideró Zaldívar Lelo de Larrea.
En su oportunidad, señaló que “con el pretexto de usar su poder reformador de la Constitución y su competencia para decidir sobre su régimen interior, la legislatura local fraguó, en realidad, un fraude a la Constitución. El Congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluida, al decretar, por ley, que un gobernador electo por dos años ejercería el cargo por cinco”.
“Alterar las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo una elección, como aquí ocurrió, constituye un verdadero fraude postelectoral, pues aunque se contaron los votos, se modificó el efecto que éstos deberían tener conforme a las reglas del juego previamente acordadas”, agregó.
“Cuando los representantes traicionan a sus representados, nos encontramos frente a un atentado contra la democracia y nuestra Constitución”, dijo la Ministra Norma Piña a lo largo de su intervención.
