*La exigencia es para que el Estado Mexicano garantice un trato igualitario y sin discriminación a todas las personas migrantes para acceder al derecho a la salud
Morelia, Mich, 19 de octubre de 2020. – En México es urgente que exista una respuesta de salud pública para migrantes y aquellas personas solicitantes de protección internacional, ya que hasta este momento permanecen ignoradas pese a la crisis sanitaria por el Covid-19, recalcó el diputado Ángel Custodio Virrueta García, integrante de la Comisión de Migración de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
El diputado vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática refirió que el Gobierno Federal ha obviado los estándares reforzados emitidos por los organismos internacionales para el respeto, protección y sobre los efectos de la pandemia del COVID-19 en las personas migrantes y refugiadas, según lo han denunciado organizaciones y colectivos defensores de derechos humanos.
“La exigencia ha sido para que el Estado Mexicano garantice un trato igualitario y sin discriminación a todas las personas migrantes para acceder al derecho a la salud, a servicios de apoyo y asistencia, y protección de su integridad personal y demás derechos, sin embargo, hasta el momento no se observa una respuesta efectiva”.
Ángel Custodio Virrueta dijo que en el Informe sobre los Efectos de la Pandemia de Covid-19 en Personas Migrantes y Refugiadas, dado a conocer este mes por organizaciones como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Asylum Access México, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, evidencia la omisión del Gobierno Federal sobre migrantes y refugiados en el contexto de esta crisis sanitaria.
“El informe reporta como durante la pandemia, las deportaciones desde Estados Unidos no han parado, pese a los brotes y las muertes por COVID dentro de los centros de detención migratoria estadounidenses”.
Subrayó que en territorio mexicano debe velarse por el derecho a la salud de todas y todas, por lo que mantener una posición de omisión frente a migrantes y refugiados, es violatorio de los tratados internacionales signados por México en materia de derechos.
