Arturo RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
URUAPAN, MICH.- A casi un año de que elementos de la Policía Municipal de Uruapan balearon a la periodista, Lucero Díaz Estrada y a otras tres personas durante una manifestación, en el acceso a la comunidad de Caltzontzin, el caso sigue estancado en la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), mientras que el ayuntamiento perredista ha solapado la actuación de sus elementos «acreditados»; estar día, por medio de una cirugía, le fue retirado al proyectil que estaba alojado en el cuerpo de la comunicadora, ello al presentar problemas de salud.
Alrededor de las 14:00 horas deI primero de abril del 2020, varios cortadores de aguacate despedidos por la contingencia sanitaria se plantaron sobre el Boulevard Industrial para pedir el apoyo económico de automovilistas, pero al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes realizaron disparos y detuvieron a 16 personas, entre ellas a varios menores de edad.
Ante esta situación decenas de habitantes de Caltzontzin y jornaleros se apoderaron de varios camiones de carga y bloquearon el Boulevard, además de que retuvieron una patrulla y 4 elementos, así como una pipa y un autobús que colocaron sobre las vías del ferrocarril, conflicto que era cubierto por la periodista Lucero Díaz, del portal Enlace Informativo y otros comunicadores.
Unas dos horas después, agentes de la Policía Ministerial llegaron para intentar solucionar el conflicto y se acordó la liberación de los detenidos que fueron trasladados hasta el acceso a la comunidad de Caltzontzin, en patrullas de la Policía Municipal.
Luego de que las personas bajaron de las unidades, manifestantes que se percataron de que sus familiares presentaban golpes, comenzaron a agredir con palos y piedras a los policías, algunos de los cuales realizaron disparos al aire y al piso y lesionaron a tres de los inconformes, así como a la periodista Lucero Díaz, víctimas que fueron auxiliadas por agentes ministeriales y trasladada al hospital regional.
Desde el primer momento, la periodista afectada denunció los hechos ante la FGE y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) donde el caso permaneció estancado hasta que tres meses y medio después, fue atraído por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República (FGR), donde tampoco pasó nada.
Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Uruapan, Raúl Malpica García, quien al momento de los hechos no ocupaba ese cargo, negó rotundamente que los hechos sean violatorios de los Derechos Humanos e incluso, aseguró que fueron civiles los que detonaron armas de fuego durante la manifestación.
Al dar contestación a un oficio de la CEDH, dentro del expediente URU/103/2020 que dio origen a la queja iniciada de oficio y derivada de diferentes notas periodísticas al respecto, el funcionado de la administración perredista, relató que el primero de abril de 2020, varios jornaleros bloqueaban parcialmente el Boulevard Industrial, en el acceso a la comunidad de Caltzontzin, donde solicitaban dinero a los automovilistas de manera agresiva para poder pasar, por lo que a bordo de varias unidades acudieron al sitio.
Añadió que los uniformados solicitaron a los jornaleros que se retiraran, pero éstos se negaron y los agredieron verbalmente, por lo que procedieron a detener a 16 personas y las trasladaron a barandilla, acusadas de alterar el orden público, pero familiares aseguraron que los uniformados realizaron varias detonaciones de arma de fuego, además de que los golpearon, pese a que había varios menores de edad.
Lo anterior derivó en el bloqueo del Boulevard Industrial por parte de los manifestantes, quienes exigieron la liberación de sus compañeros; Malpica García, indicó que se procedió a trasladar a las personas detenidas a la comunidad de Caltzontzin a bordo de las unidades con números económicos MC-497-A1, MC-900-A1 y MA-917-A1, pero al llegar fueron agredidos por los manifestantes, quienes utilizaron palos y piedras, además de que despojaron de objetos personales y cargadores a varios elementos e intentaban apoderarse de sus armas de cargo.
En ningún momento provocaron a los manifestantes, según el funcionario policiaco, quién omitió mencionar que la agresión ocurrió debido a que se percataron de que las personas detenidas estaban golpeadas; fue en el forcejeo cuando “accidentalmente” se detonó el arma de fuego de uno de los policías y por lo menos dos civiles que se encontraban entre los manifestantes realizaron disparos de arma de fuego, lo que generó una confusión y las personas corrieron en distintas direcciones para protegerse, mientras que los policías abordaron sus unidades y se retiraron, aseguró Malpica García.
“Derivado de lo anterior no se tuvo conocimiento de que personas hubieran resultado lesionadas por los hechos atribuibles a elementos de la corporación policiaca, algunos de los cuales sufrieron lesiones contusas principalmente, además de que las patrullas también fueron dañadas”, aseveró el funcionario, quien negó rotundamente alguna violación a los Derechos Humanos y mencionó que las notas periodísticas publicadas en medios de comunicación digitales e impresos respecto a estos hechos “carecen de elementos verídicos y/o probatorios”.
A casi un año de este suceso que evidenció el actuar poco profesional y la falta de capacitación en el protocolo de uso legítimo de la fuerza letal, por parte de los uniformados, quienes que han sido solapados por las autoridades estatales y municipales, el caso de la comunicadora Lucero Díaz sigue impune y este día, mediante cirugía, le fue retirada la esquirla que tenía alojada en su cuerpo, la cual fue integrada a la Carpeta de Investigación de la FGE, donde seguramente continuará en el archivo.
