-Tras lo ocurrido con el tema de la Guardia Nacional en el Congreso Federal, se observa cada vez más inminente el golpe que se busca asestar a nuestro sistema electoral y al Instituto Nacional Electoral.
Morelia, Mich, 18 de septiembre de 2022.- En México, el riesgo sobre un duro golpe a nuestro sistema electoral es cada vez más latente, sobre todo ahora que el Ejecutivo Federal ha logrado los votos necesarios en el Legislativo para hacerlo posible, alertó la diputada Fanny Arreola Pichardo, integrante de la Comisión de Asuntos Electorales de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
La diputada por el Distrito de Apatzingán, apuntó que tras lo ocurrido con el tema de la Guardia Nacional en el Congreso Federal, se observa cada vez más inminente el golpe que se busca asestar a nuestro sistema electoral y al Instituto Nacional Electoral.
“El titular del Ejecutivo Federal ha dejado clara su intención de minar la fuerza del Poder Legislativo con la disminución de representantes, cerrando el paso a la posibilidad de que las minorías se encuentren representadas”.
La integrante de la Representación Parlamentaria, dijo que existe otro enorme riesgo en el país, que implica que sea el capital privado legal o ilegal, el que determine de manera abierta quién gobierna o no el país.
“Se ha presentado por parte del Ejecutivo Federal al financiamiento público a los partidos políticos, como un lastre para las finanzas del país, omitiendo que dicho financiamiento lo que permite son controles sobre la cantidad de recursos que los partidos pueden ejercer, generando con ello equilibrios de competencia”.
Recordó que cerrar la llave al financiamiento público, y abrirla al financiamiento privado, anulará toda posibilidad de competencia a las fuerzas políticas que no tengan acceso a esos recursos, “es decir, se validará lo que tanto se ha criticado, que sean aquellos que tienen el capital para inyectar a los partidos, quienes acaben definiendo quien gobierna o no este país”.
Fanny Arreola expresó que el sistema electoral en México ha implicado significativas inversiones de recursos debido a que es un modelo basado en la desconfianza, esto debido a la tendencia histórica de los actores políticos en competencia para burlar la Ley.
“Pretender minar el acceso de recursos públicos a la autoridad electoral, implica coartar su capacidad de acción, los dientes que puede tener para combatir esas prácticas nocivas que los actores políticos han perpetuado por años, sin distinción alguna”, recalcó.
